El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad autorizó a la empresa a construir una nueva infraestructura de alta tensión para abastecer sus yacimientos de cobre. La resolución desestimó las objeciones presentadas por San Juan, La Rioja y otras compañías mineras.
El Gobierno habilitó una obra clave para destrabar el megaproyecto cuprífero de Vicuña en San Juan
El Gobierno nacional dio luz verde a una de las obras de infraestructura más importantes para el desarrollo del proyecto minero Vicuña, en San Juan, al otorgarle el certificado que le permitirá construir la red eléctrica de alta tensión necesaria para abastecer sus futuros yacimientos de cobre en plena cordillera.
La decisión fue adoptada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), que emitió el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP), requisito indispensable para avanzar con el suministro energético de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, cuyos campamentos y plantas de procesamiento estarán ubicados a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar.
La medida pone fin a una controversia que se extendió durante varios meses y que enfrentó a la compañía con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan, el Gobierno de La Rioja y otras empresas mineras con intereses en la región.
Un proyecto de miles de millones de dólares
Vicuña, integrada por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, recibió recientemente la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un desembolso inicial previsto de US$9.700 millones, aunque la inversión total podría alcanzar los US$18.000 millones a medida que avance el desarrollo del emprendimiento.
El permiso otorgado por el Enrege era uno de los pasos pendientes para concretar el proyecto, considerado uno de los mayores desarrollos cupríferos del país.
Qué resolvió el Enrege
La resolución concede a Vicuña prioridad de uso durante 25 años sobre el 90% de la capacidad adicional que generará la ampliación de una línea troncal de alta tensión en San Juan.
El conflicto se centraba en la línea de 132 kV Nueva San Juan-Rodeo, construida originalmente con aportes provinciales y de otras compañías mineras. Vicuña propuso ampliar esa infraestructura hasta 500 kV, financiando completamente las obras.
El esquema aplicado se apoya en la Ley Bases y en la Resolución 311 de la Secretaría de Energía, que establece que quienes financien ampliaciones del sistema de transporte eléctrico obtendrán prioridad sobre la nueva capacidad que esas obras incorporen.
La empresa argumentó que necesita garantizar el abastecimiento energético del proyecto Josemaría, cuya demanda inicial será de 260 MW, con una proyección de crecimiento hasta 700 MW en las etapas posteriores.
Rechazo a los planteos provinciales
En su resolución, el organismo nacional descartó las impugnaciones presentadas por San Juan, La Rioja y empresas como Los Azules, Barrick, Golden Mining y Casposo.
El Enrege sostuvo que el sistema de transporte eléctrico de alta tensión corresponde a la jurisdicción federal y que ninguna normativa provincial puede restringir el libre acceso previsto en la legislación nacional. También rechazó el pedido formulado por La Rioja para que Vicuña financiara obras adicionales destinadas a una futura interconexión con esa provincia.
Desde el Gobierno nacional destacaron que la decisión permitirá avanzar con una inversión superior a US$9.000 millones, con un impacto estimado de más de 30.000 puestos de trabajo y un aporte anual de US$3.270 millones a la balanza comercial cuando el proyecto alcance su etapa productiva.
Las obras previstas
El plan de infraestructura eléctrica contempla la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo, la construcción de una nueva línea de 500 kV entre Rodeo y Chaparro de 167 kilómetros, una estación transformadora en Chaparro y otra línea de 220 kV de 93 kilómetros hasta la futura estación Josemaría.
La inversión para ejecutar esas obras se estima entre US$400 millones y US$500 millones y será financiada íntegramente por Vicuña, sin costos para los usuarios del sistema eléctrico. Una vez finalizados los trabajos, toda la infraestructura pasará a formar parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Un nuevo esquema para impulsar inversiones
El caso Vicuña constituye la primera aplicación de la estrategia impulsada por el Gobierno nacional para ampliar la infraestructura eléctrica mediante inversión privada.
Ante la falta de recursos fiscales para financiar nuevas obras de transporte energético, la administración de Javier Milei optó por un modelo que permite a las empresas construir las ampliaciones necesarias y, como contraprestación, obtener prioridad sobre la capacidad adicional generada.




