Cesantías, una exoneración, suspensiones y bajas alcanzaron a agentes de Salud, Seguridad, Educación y otras áreas. Entre los casos figuran pedidos de coimas, abuso sexual, uso indebido de una ambulancia, robos y reiteradas inasistencias.
Cornejo oficializó más de 20 sanciones a empleados públicos por faltas graves y ausentismo
El Gobierno de Mendoza puso en marcha un amplio paquete de medidas disciplinarias contra trabajadores de la administración pública provincial. A través de decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la gestión de Alfredo Cornejo formalizó más de 20 expedientes que derivaron en cesantías, una exoneración, suspensiones, bajas de funciones y otras actuaciones administrativas.
En total, las decisiones incluyen 11 cesantías, una exoneración, una suspensión de 15 días, seis bajas o ceses de funciones, un expediente que continuará bajo investigación y el inicio de un proceso judicial para retirar la tutela sindical de una empleada con el objetivo de avanzar con su jubilación obligatoria.
Las sanciones abarcan hechos de distinta gravedad, entre ellos un pedido de coima durante un control policial, una condena por abuso sexual, el uso irregular de una ambulancia oficial, robos dentro de hospitales, abandono de funciones, ausencias injustificadas, falta de adaptación durante el período de prueba y casos vinculados con la imposibilidad psicofísica para desempeñar tareas.
Salud: una ambulancia en un boliche, un robo y el caso de OSEP
Uno de los expedientes más resonantes corresponde al Hospital Dr. Luis Chrabalowski, donde un chofer fue cesanteado luego de comprobarse que utilizó una ambulancia oficial para fines ajenos al servicio. La investigación, apoyada en registros del GPS, determinó que tras finalizar un operativo en Alta Montaña permaneció cerca de una hora frente a un boliche de Uspallata, vestido de civil y trasladando a personas particulares en el vehículo sanitario.
En el Hospital Lagomaggiore también se resolvió la cesantía de una agente tras acreditarse el robo del teléfono celular de la madre de un bebé internado en Neonatología. El Gobierno sostuvo que el episodio quebró la confianza indispensable para desempeñarse dentro de un establecimiento de salud.
Otro de los expedientes confirmó la finalización del vínculo contractual de una profesional que trabajaba en OSEP. Aunque la empleada denunció que se trataba de un despido encubierto, el Ejecutivo sostuvo que el contrato tenía un plazo determinado y concluyó al vencer el convenio.
Además, se iniciaron los trámites judiciales para solicitar el levantamiento de la tutela sindical de una auxiliar administrativa del área de Salud y delegada de ATE, con el propósito de avanzar con su jubilación obligatoria por reunir los requisitos previsionales.
Seguridad: coimas por Mercado Pago, abuso sexual y abandono del cargo
El Ministerio de Seguridad concentra la mayor cantidad de expedientes.
Entre ellos figura la cesantía de un auxiliar mayor de la Policía que, durante un control vehicular, exigió 22.000 pesos a una automovilista para evitar el secuestro del vehículo. La maniobra quedó acreditada mediante una transferencia realizada por Mercado Pago a la cuenta personal del efectivo, cuyo comprobante fue presentado por la denunciante.
También se resolvió la exoneración de un policía condenado a dos años de prisión en suspenso por abusar sexualmente de una compañera durante un patrullaje. El Ejecutivo consideró que la condena resultaba incompatible con la continuidad del agente dentro de la fuerza.
Otro efectivo fue cesanteado luego de abandonar sus funciones para radicarse en Uruguay. Según consta en el expediente, el propio policía informó telefónicamente que no regresaría al país porque había conseguido trabajo en el exterior.
A su vez, un integrante del Servicio Penitenciario continuará bajo sumario administrativo por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar ausencias. Aunque propuso una suspensión como salida abreviada, la Junta de Disciplina rechazó el planteo y ordenó profundizar la investigación.
El paquete también incluye la baja de una oficial subayudante por no reunir las condiciones psicofísicas exigidas para el cargo; la anulación del nombramiento de una aspirante a policía al detectarse que estaba involucrada en un proceso contravencional; la desvinculación de dos penitenciarios que no aprobaron el período de prueba; el cese de funciones de un cabo primero con más de 700 días de licencia médica; el rechazo al pedido de reincorporación de un auxiliar policial interino que no había sido confirmado en el cargo y la baja de un agente que llevaba dos años en situación de revista pasiva mientras permanecía detenido.
Educación: cesantías por abandono y ausencias injustificadas
La Dirección General de Escuelas concentra la mayor parte de las sanciones relacionadas con el ausentismo.
Entre los casos figura la cesantía de una celadora de la Delegación Regional Este que acumuló 201 inasistencias consecutivas sin justificar durante 2024.
Otra agente de San Martín fue separada del cargo tras no reincorporarse nunca luego de finalizar una licencia sin goce de haberes en 2018.
En San Rafael también se resolvieron tres cesantías: una celadora de la Escuela Artística Francisco Solano por 27 faltas injustificadas; otra trabajadora de la Escuela Bianca Notti de Cuartara, que acumuló 88 ausencias sin justificar desde 2019, y un ordenanza de la Escuela General Las Heras, también por reiteradas inasistencias.
Fuera del ámbito escolar, un empleado de la Dirección de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes recibió una suspensión de 15 días luego de comprobarse el uso de fuerza excesiva durante la contención de un menor alojado en el Hogar "Ojos Color Sol".
Ambiente
El último expediente corresponde a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, donde un agente fue cesanteado tras acumular 27 faltas injustificadas en un período de cinco meses. El Gobierno también tuvo en cuenta antecedentes disciplinarios previos al momento de aplicar la sanción.
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