Un proyecto minero reavivó la pelea entre La Rioja y San Juan

 La posibilidad de desarrollar una de las inversiones mineras más importantes de la Argentina volvió a poner en agenda un viejo conflicto entre La Rioja y San Juan. Ambas provincias avanzaron con leyes vinculadas a la actividad minera mientras sostienen posiciones opuestas sobre la jurisdicción del área donde se instalaría el proyecto, valuado en unos 18.000 millones de dólares.

La discusión no es nueva. El gobierno riojano sostiene que parte del territorio hoy administrado por San Juan pasó a esa provincia durante la dictadura de Juan Carlos Onganía mediante una modificación de límites que considera ilegítima. Esa interpretación cobró fuerza con el interés económico que despertó el futuro yacimiento de cobre, que promete empleo, infraestructura y millonarios ingresos por regalías.

En ese contexto, el gobernador Ricardo Quintela promulgó una ley que rechaza los límites fijados durante el gobierno militar y ratifica el reclamo territorial de La Rioja. A través de su cuenta de X, aseguró que la provincia defenderá su soberanía y buscará avanzar por las vías institucionales para revisar la situación.

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Del otro lado, la Legislatura de San Juan aprobó recientemente la Ley de Desarrollo Local Minero, destinada a potenciar la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en los nuevos emprendimientos extractivos. Tras la sanción, el gobernador Marcelo Orrego destacó que la norma permitirá generar más empleo y fortalecer a las pymes vinculadas con la actividad.

Cuando La Rioja formalizó su reclamo, Orrego respondió con firmeza. También mediante X, afirmó que la jurisdicción sanjuanina "no está en discusión", recordó que los límites vigentes llevan 57 años de aplicación y señaló que fueron ratificados por el Congreso en 2014. Además, sostuvo que ninguna provincia puede modificar unilateralmente sus fronteras mediante una ley local y convocó a todos los sectores políticos sanjuaninos a defender el territorio.

La controversia también sumó declaraciones de funcionarios. El jefe de asesores de San Juan, Rodolfo Colombo, calificó la iniciativa riojana como una medida sin sustento legal y cuestionó que La Rioja impulse ahora un reclamo vinculado con la minería. Desde la administración de Quintela, el asesor general Pedro Goycochea respondió que el objetivo no es confrontar con San Juan, sino revisar jurídicamente decisiones tomadas durante la última dictadura.

Mientras crece el interés por el desarrollo del proyecto minero, el conflicto amenaza con trasladarse nuevamente a los tribunales e incluso podría requerir la intervención del Congreso o de la Corte Suprema. Con miles de millones de dólares en juego, la definición sobre ese territorio volvió a convertirse en un asunto estratégico para ambas provincias.