Los presos de Mendoza producirán mochilas y bolsos materos

 El Gobierno de Mendoza formalizó un acuerdo con una firma privada para impulsar la inserción laboral de personas privadas de la libertad, en un intento por reducir la reincidencia y generar un circuito productivo dentro del sistema penitenciario.

La iniciativa quedó oficializada a través del Decreto 346, firmado el 27 de febrero de 2026, que aprueba el convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la empresa Novoli S.A..

El esquema no es nuevo en términos conceptuales, pero sí en su alcance: combina capacitación, producción y comercialización de bienes elaborados por internos, con participación directa de una compañía privada.

Cómo funcionará el modelo

El acuerdo establece que se dictarán talleres y cursos dentro de los complejos penitenciarios, con foco en la formación en oficios. La empresa aportará maquinaria, insumos y asistencia técnica, mientras que el Estado mantendrá el control operativo del sistema.

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Según el documento, el Servicio Penitenciario será el encargado de organizar la producción, supervisar el uso de los equipos y garantizar el funcionamiento de los talleres. A su vez, Novoli deberá capacitar tanto al personal como a los internos y encargarse del mantenimiento técnico.

En una primera etapa, la producción estará orientada a rubros textiles. En el anexo del convenio se detallan algunos de los productos previstos: bolsas, mochilas, materas, neceseres y camisolines, entre otros artículos similares que podrían incorporarse más adelante.

Quién se queda con lo producido

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el destino de lo que se fabrique. El texto indica que el 100% de la producción generada durante las horas de capacitación será propiedad del Estado.

Una vez vendidos los productos, la empresa deberá abonar al Ministerio un monto equivalente al valor de mercado, en efectivo o mediante transferencia. Ese dinero será utilizado para sostener el sistema, incluyendo el pago de peculio a los internos que participen de las actividades.

También se contempla que, tras completar la etapa de formación, la empresa pueda continuar con la producción utilizando la estructura penitenciaria, bajo un esquema de pago por unidad fabricada.

Un objetivo de fondo: bajar la reincidencia

El decreto pone el acento en un problema estructural: la dificultad de reinsertar a quienes cumplen condena. La apuesta oficial es que el acceso a un oficio y a una rutina laboral contribuya a reducir los índices de reiterancia y reincidencia.

En esa línea, el convenio busca generar hábitos de trabajo y facilitar la transición al mercado laboral una vez recuperada la libertad. Además, se plantea como una oportunidad para crear un circuito económico interno con costos más bajos que los del mercado tradicional.

Plazos y condiciones

El acuerdo tiene una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga. También incluye una cláusula que permite rescindirlo con un aviso previo de 30 días, una vez cumplidos los primeros tres meses.

Cualquier diferencia entre las partes deberá resolverse en la Justicia ordinaria de Mendoza, según se establece en el texto firmado en octubre de 2025 y posteriormente validado por el Ejecutivo provincial.