Según cifras del propio Ministerio de Economía, las transferencias a las universidades bajaron incluso nominalmente. Además, contemplando el factor inflacionario, la caída real se acercó al 50% en comparación con abril del año pasado.
En abril, la desinversión en las universidades rozó el 50% interanual
El informe de ejecución presupuestaria de abril de 2026, publicado por el Ministerio de Economía de la Nación, confirmó la dimensión del recorte en las transferencias a las universidades nacionales, que incluso cayeron nominalmente, sin contemplar el factor inflacionario.
Según los datos oficiales, las transferencias a las cerca de 60 universidades nacionales pasaron de $610.292 millones en abril de 2025 a $412.546 millones en abril de 2026, una caída nominal de 32,4%. En términos absolutos fueron $197.746 millones menos destinados al sistema universitario respecto del mismo mes del año anterior. De todos modos, en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el saldo nominal es positivo (23,8%), pero casi 10 puntos por debajo de la inflación del mismo periodo.
El dato de abril vs. abril adquiere otra dimensión al incluir la inflación, que en el mismo periodo, según el Indec, fue del 32,4% interanual (casualmente, es el mismo porcentaje de la caída nominal de las transferencias). Entonces, al ajustarse por inflación, se puede concluir que las universidades nacionales recibieron en abril de 2026 un 48,9% menos de poder adquisitivo real en comparación con abril de 2025. Prácticamente se licuó la mitad del presupuesto en términos reales.
Además de las universidades, otra variable de ajuste del Gobierno fue las transferencias corrientes a provincias: aquellos recursos que se reparten discrecionalmente por fuera de la coparticipación. En este punto, las partidas destinadas a las provincias bajaron 20,4% nominal, pasando de $194.658 millones en abril de 2025 a $154.978 millones en abril de 2026, una reducción real cercana al 40%.
Los datos de abril muestran que los gastos avanzaron más rápido que los ingresos, algo que introduce presión adicional sobre el equilibrio fiscal. Los ingresos totales crecieron 29,6% interanual, pasando de $10,34 billones a $13,41 billones. Este crecimiento por debajo de la inflación, se explica en dos factores centrales: caído del consumo y, por ende, menos recaudación, y la rebaja impositivo aplicada por el Gobierno desde el año pasado. Por su parte, los gastos primarios aumentaron 34,5%, al pasar de $9,5 billones a $12,77 billones.
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La explicación del incremento de los gastos pese al recorte de partidas sensibles, aparece en la composición misma del presupuesto. El rubro más pesado continúa siendo el de prestaciones sociales, que incluye jubilaciones, pensiones y otras erogaciones vinculadas a mecanismos automáticos de actualización. Esa partida pasó de $6,12 billones a $8,09 billones. Eso provoca que el ajuste termine concentrándose sobre partidas que sí pueden modificarse desde la administración central y cuya ejecución depende de decisiones presupuestarias directas.
En este contexto, este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que ya no hay margen para seguir ajustando. Al respecto, enfatizó que el gasto ya está en niveles históricamente bajos (casi 10 puntos menos que el pico de hace ocho años), y que el aumento de la recaudación y el mantenimiento del superávit surgirán del crecimiento económico y la formalización de la economía.
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