Como parte de la iniciativa de "Inocencia Fiscal" que tratará el Congreso, se limita a la Agencia de Recaudación tanto en tiempo como en montos.
ARCA solo fiscalizará la última Declaración Jurada
El Gobierno presentó ante el Congreso un nuevo proyecto de ley que introduce un "tapón fiscal" para el impuesto a las Ganancias. El texto establece que la Agencia de Recaudación y Control (ARCA) solo podrá fiscalizar a los contribuyentes según su última declaración jurada, presumiendo su veracidad hasta que se demuestre lo contrario.
"Con esto limitamos la fiscalización al período de la última declaración jurada. Es lo que llamamos presunción de exactitud", explicaron fuentes oficiales. Este principio supone un cambio de paradigma: se parte de la buena fe del contribuyente, y se restringe el alcance del fisco para revisar períodos anteriores, incluso si el plazo de prescripción para la evasión se acorta a tres años, como también plantea el proyecto.
La medida forma parte del nuevo régimen simplificado de Ganancias, una de las piezas centrales de la iniciativa elaborada por el titular de ARCA, Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert. El objetivo, según el oficialismo, es "pasar de un sistema persecutor a uno verdaderamente recaudador".
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¿Quiénes podrán acceder al nuevo régimen?
El proyecto establece límites concretos para acceder al nuevo esquema: podrán ingresar personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta $1.000 millones y un patrimonio que no supere los $10.000 millones. Esta condición debe verificarse en el año anterior al ejercicio de la opción, y también durante los dos años previos a ese período.
La normativa incluye salvaguardas para evitar estrategias de evasión encubierta, como el desapoderamiento de activos o la planificación fiscal agresiva para simular ingresos menores. ARCA podrá, incluso, imponer requisitos adicionales como el origen de las rentas para autorizar el ingreso al nuevo régimen.
El beneficio más inmediato es que, si el contribuyente acepta la declaración sugerida por el organismo y paga en término, el efecto es liberatorio del tributo correspondiente. No obstante, este beneficio queda sin efecto si se detectan omisiones de ingresos, deducciones indebidas o uso de facturas apócrifas.
Otra novedad relevante es el criterio de "discrepancia significativa". ARCA podrá revisar una declaración si detecta una diferencia superior al 15% entre lo declarado por el contribuyente y la información que maneja el organismo. Este umbral se presenta como un filtro objetivo para evitar fiscalizaciones arbitrarias o excesivas.
El proyecto también contempla una ventana especial para evitar la vía penal por deudas tributarias. El artículo 11° especifica que ARCA no podrá formular denuncia si el contribuyente cancela el total adeudado, con intereses, en un único pago antes de que la denuncia sea presentada.
Esta herramienta ya existe en la legislación vigente, pero el nuevo proyecto amplía sus alcances. Incluso si la denuncia ya fue efectuada, el contribuyente podrá evitar el proceso penal pagando el total de la deuda más un 50% adicional como penalización.
"Queremos fomentar soluciones alternativas al proceso penal. Pero solo si hay restitución plena y una sanción económica clara", detallaron desde la Casa Rosada.
Cambio de rumbo
Con esta reforma, el Gobierno busca descomprimir la presión fiscal y reducir el volumen de causas judiciales por evasión. Según ARCA, de las 6.652 denuncias penales actualmente vigentes, solo 198 quedarían activas bajo los nuevos umbrales. El piso para la evasión simple se eleva a los $100 millones, una actualización que blinda a los pequeños y medianos contribuyentes y concentra los esfuerzos fiscales en casos de mayor envergadura.
El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de debatir una iniciativa que promete cambiar el eje del régimen tributario argentino.
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