La histórica cooperativa láctea arrastra una deuda cercana a los US$120 millones y una fuerte caída productiva que afecta su operación.
Crisis terminal: SanCor pidió su propia quiebra ante la Justicia
La histórica cooperativa láctea SanCor, con sede en Sunchales y en concurso preventivo desde febrero de 2025, solicitó el último miércoles su propia quiebra ante la Justicia de Santa Fe. La presentación fue realizada ayer por la tarde ante el juez Marcelo Gelcich, a cargo del expediente en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela. Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial.
De acuerdo a lo que indicó el diario LA NACION, la compañía fundamentó la decisión en que el concurso preventivo dejó de ser una herramienta viable para revertir la crisis. En ese sentido, señaló que no logró recomponer su operatoria ni generar ingresos suficientes, enfrenta restricciones de financiamiento y capital de trabajo, y sostiene una estructura de costos que considera insostenible.
A esto se suman el crecimiento de las deudas -incluidas obligaciones salariales, fiscales y comerciales-, la presión de los acreedores y la imposibilidad de presentar una propuesta de pago sustentable.
De acuerdo con la información judicial, la cooperativa registra deudas verificadas de 1.519 acreedores sobre un total de 2.702 denunciados, con un pasivo estimado en torno a los US$120 millones (unos US$90 millones y más de $40.000 millones).
Caída productiva y crisis sostenida
SanCor arrastra un proceso de deterioro que se profundizó desde 2017. En ese período pasó de procesar cerca de 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000, con una fuerte caída de actividad.
Además, redujo su estructura industrial, cerró o vendió plantas y se desprendió de marcas tradicionales de yogures y postres, en el marco de un achicamiento progresivo de su operación.
La crisis se agravó en los últimos años, especialmente tras un conflicto de ocho meses con trabajadores de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA). Actualmente, la firma emplea a unos 850 trabajadores.
Intervención política y cambios en su estructura
La situación de la cooperativa también estuvo atravesada por decisiones políticas. En 2006, una posible asociación con Adecoagro fue frenada tras la intervención del entonces presidente Néstor Kirchner. Posteriormente, la Venezuela de Hugo Chávez otorgó un crédito de US$80 millones, que fue cancelado mediante exportaciones de leche en polvo.
En años posteriores, SanCor vendió activos industriales y marcas como Las Tres Niñas, que pasaron a manos de Adecoagro, hoy controlado por el grupo Tether.
La histórica cooperativa acumula desde hace años deudas salariales, fiscales y comerciales que complican su continuidad operativa.
Intervención judicial y postura gremial
En diciembre pasado, el juez Gelcich designó a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora del proceso concursal, luego de observaciones de la sindicatura sobre la gestión de la cooperativa.
Tras conocerse el pedido de quiebra, la conducción de ATILRA, encabezada por el secretario general Héctor "Etín" Ponce, sostuvo que la empresa se encuentra en cesación de pagos e insolvencia patrimonial, y apuntó que la medida judicial formaliza una situación ya instalada.
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El gremio había solicitado previamente la quiebra con continuidad de explotación. Además, señaló que la empresa mantiene deudas salariales y aportes impagos a la obra social y al sindicato.
De acuerdo con lo consignado por LA NACIÓN, a partir de consultas a fuentes sindicales del sector, la situación impacta en más de 850 puestos de trabajo y existen alrededor de 400 pedidos de quiebra individuales vinculados a acreencias laborales.
A su vez, la situación genera incertidumbre en Córdoba, donde SanCor opera tres plantas en Devoto, Balnearia y La Carlota. Según medios santafesinos, la empresa no informó aún el futuro de esos establecimientos.
En paralelo, se confirmó la convocatoria a una asamblea de tamberos en Sunchales para el 30 de mayo, donde se analizará el pedido de quiebra.
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