La proliferación de casos de morosidad y tasas elevadas generan un panorama complejo. Un proyecto de ley, una denuncia y el Código Penal ponen en foco a uno de los temas del momento.
Créditos usureros: el Código Penal prevé penas de prisión
La morosidad crece en la Argentina y, con ella, la preocupación por el costo de algunos créditos. En el país no existe un porcentaje único que determine cuándo un préstamo es usurario. La Justicia analiza cada caso y compara la tasa pactada con las condiciones del mercado y la situación del deudor.
El Código Civil y Comercial permite intervenir ante situaciones de abuso. El artículo 332 contempla la figura de la lesión cuando una persona se aprovecha de la necesidad o inexperiencia de otra para obtener una ventaja económica desproporcionada. El artículo 771, en tanto, permite a los jueces reducir intereses que consideren abusivos.
El problema también está contemplado por el Código Penal. El artículo 175 bis establece penas de uno a tres años de prisión para quien, aprovechándose de la necesidad o inexperiencia de una persona, cobre intereses u otras ventajas económicas evidentemente desproporcionadas. Si se trata de un prestamista profesional o habitual, la pena puede llegar a seis años.
Sin embargo, más allá del marco legal que ampara a los argentinos, el crecimiento de las deudas y los abusos por parte de distintos actores económicos generan un caldo de cultivo por demás complejo.
En ese contexto, un proyecto presentado en el Congreso por el diputado de Unión por la Patria Juan Carlos Molina busca endurecer las penas para los "préstamos informales" otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.
Según el relevamiento difundido junto con la iniciativa, algunos prestamistas llegan a cobrar 100% de interés mensual. Los créditos suelen ser de montos pequeños, incluso inferiores a $10.000, pero pueden transformarse rápidamente en deudas difíciles de pagar.
La actividad también ganó visibilidad a través de perfiles de TikTok e Instagram que promocionan este tipo de préstamos.
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Otro caso que puso el tema en discusión es una denuncia contra Mercado Pago, la fintech del empresario Marcos Galperín. Un préstamo de $8.000 terminó convirtiéndose en una deuda de $127.000 aproximadamente un año después.
La Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), que impulsó la presentación, calculó que los intereses superaron el 1.300% anual. La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 y la organización busca que se transforme en una demanda colectiva.
El caso expone además la importancia del Costo Financiero Total (CFT), que no contempla solamente la tasa de interés, sino también seguros, comisiones y otros cargos.
En este caso mostrado en la imagen ilustrativa anterior, el CFT se ubica en 177,27%, muy por encima del 32% de inflación interanual que el INDEC publicó en las últimas horas. Incluso, el índice se encuentra muy por encima de los préstamos hipotecarios que, a la fecha, establecen intereses apenas con un 5% por encima de la inflación. La tasa es, sin dudas, elevada.
Seis millones de personas en mora
El problema ocurre mientras alrededor de 20 millones de argentinos tienen algún tipo de deuda y unos seis millones están en mora, según los datos oficiales citados.
Entre fines de 2024 y junio de 2026, la mora de los proveedores no financieros de crédito pasó del 7,3% al 30,1%. En los bancos, la irregularidad crediticia de las familias aumentó del 2,5% al 18%.
Así, mientras el sistema financiero mantiene liquidez, millones de familias enfrentan una realidad diferente: para quienes no logran pagar sus obligaciones, un crédito de bajo monto puede terminar convirtiéndose en una deuda que crece mucho más rápido que sus ingresos.
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