La Justicia de ese país decidió dejar en libertad a los cinco jóvenes condenados a nueve años de prisión por el abuso de una joven en 2016.
Liberaron a los jóvenes de La Manada en España
La Justicia española dejó hoy en libertad bajo fianza a los cinco jóvenes del grupo autodenominado La Manada, condenados hace dos meses a nueve años de prisión por el abuso sexual de una joven de 18 años en las fiestas de San Fermín de 2016, en una decisión que volvió a desatar una ola de indignación ciudadana.
"¡Es criminal la justicia patriarcal!", "¡No es abuso, es violación!" corearon los manifestantes congregados en la ciudad de Pamplona y en la plaza Sant Jaume de Barcelona, en las primeras protestas ciudadanas en repudio a la excarcelación de los jóvenes de La Manada.
La Audiencia Provincial de Navarra tomó la polémica medida cuando está a punto de vencerse el plazo máximo de dos años estipulado para la prisión provisional frente a la ausencia de una sentencia firme del Tribunal Supremo, ante el que apelaron el fallo.
Los cinco acusados que saldrán en libertad.
La ley contempla una revisión y una posible ampliación de la prisión provisional hasta cumplir la mitad de la condena, pero los magistrados -con el voto en disidencia de uno de los tres integrantes del tribunal- decidieron dejar en libertad a los jóvenes con el pago de una fianza de 6.000 euros, informaron fuentes judiciales.
Los condenados José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero -recluidos en la cárcel de Pamplona-, y Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo -en la madrileña prisión de Alcalá Meco-, deberán comparecer tres veces por semana -lunes, miércoles y viernes- en el juzgado más próximo a su domicilio.
Como no podrán acercarse a la víctima, tienen vedado acudir a la Comunidad de Madrid, donde reside la joven, y tampoco podrán abandonar el país, por lo que se les retira el pasaporte, de acuerdo con las medidas cautelares adoptadas.
El colectivo femenista protestó tras el polémico fallo.
El fallo del caso de La Manada, publicado el 26 de abril último, había desatado una oleada de protestas en toda España, después de que el tribunal descartara una violación grupal, por la imposibilidad de acreditar que los acusados ejercieran violencia o intimidación sobre la víctima.
