¿Y Lobos?

El ex intendente de Santa Rosa Sergio Salgado fue condenado por corrupción. Qué pasa con Luis Lobos, el ex intendente de Guaymallén imputado en cuatro causas, por distintos delitos.

¿Y Lobos?

Por:Ricardo Montacuto
Director Periodístico

Las causas por corrupción no tienen mucho ráting en la justicia mendocina. De hecho, el ex intendente peronista de Santa Rosa, Sergio Salgado, acaba de ser el primer condenado de la política por varios hechos de corrupción. Le dieron cinco años de prisión. Cumplirá la condena en encierro sólo si queda firme la sentencia, por lo que resta ver la suerte que tendrán las apelaciones. No habría sido la de ayer la última mala noticia para el ex jefe comunal: aún falta el juicio por la causa principal que lo mantuvo preso, la de los 400 cheques que cambiaba en “cuevas” del Este.  

Salgado renunció desde la cárcel en 2016, luego de ser detenido.

A Salgado comenzaron a investigarlo casi un año después de la denuncia por enriquecimiento contra el ex intendente de Guaymallén Luis Lobos. La pregunta que surge de inmediato es… ¿Por qué uno ya está condenado, y para el otro aún no hay juicio?

Lobos fue sujeto de una investigación que publicamos en Mendoza POST el 4 de diciembre de 2014. En simultáneo, el ex concejal del FIT de Guaymallén Federico Telera, y el abogado Carlos Varela Álvarez junto a Lucas Fallet y Pablo Moreno, integraron el equipo que presentó y condujo las denuncias penales en los tribunales provinciales, y también en la Justicia Federal. Telera y otros dirigentes del Frente de Izquierda hicieron la denuncia, la primera de ellas, la “causa madre” por enriquecimiento ilícito de la que se extrajeron varias causas más. En 2015, el ahora intendente radical Marcelino Iglesias montó su campaña electoral sobre la necesidad de “limpiar” Guaymallén de la corrupción. Los abogados de la Municipalidad tiraron del hilo de la denuncia, y se hicieron querellantes en otras causas. Iglesias –hay que reconocerlo- tuvo la valentía, igual que Telera, de enfrentar el poder más fuerte del peronismo de aquel momento, con acusaciones de corrupción.

Otros tiempos, no tan lejanos.

El prontuario

Luis Lobos y su esposa Claudia Sgró están imputados por enriquecimiento ilícito, a raíz de la investigación y denuncia del FIT, los abogados del estudio de Varela y el POST. Es la más “pesada” de las causas y registró novedades en la última semana. La fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi incorporó testigos pedidos por Luis Lobos, y a la vez, aceptó que el intendente Iglesias sea querellante particular. Ello quiere decir que la Municipalidad podrá presentar y pedir pruebas, y a la vez, solicitar una condena. Los testigos que la defensora de Lobos -la abogada Anahí Venier- pidió incorporar, son peritos contables, los que hicieron el peritaje forense que terminó sirviendo de base para la imputación por enriquecimiento contra el matrimonio Lobos-Sgró. Sin embargo, la novedad más importante ocurrió días atrás, el 13, justo cuando empezó el Mundial de Fútbol en Rusia. Fue cuando la Municipalidad se constituyó como querellante, acompañando la denuncia.

Lobos y su esposa fueron imputados por enriquecimiento en agosto del año pasado. La fiscal Muscianisi tiene esperanzas de elevar esta causa a juicio antes de fin de año. Restan algunas testimoniales, y el resultado de un peritaje. “Es importante saber cuánto se enriquecieron, porque parte de la pena, es una multa proporcional al dinero y las propiedades que no puedan justificar” dijo una fuente de la investigación. También falta que llegue un oficio que la fiscalía envió a Canadá, para conocer la situación patrimonial, impositiva y laboral de Luis Lobos en los años que pasó como inmigrante en aquel país del norte. El resultado es importante, porque Lobos adujo –en su defensa- que había ingresado al país unos 200.000 dólares de modo ilegal. Así, pretendió justificar parte de su patrimonio.

Desde que fueron imputados por enriquecimiento, en la mansión de Lobos en Guaymallén (ver video, abajo) hubo allanamientos y peritajes de tasación.

En tanto, el 22 de este mes declararán los peritos contables. Oscar Martín, el contador jefe del Cuerpo Médico Forense, y los contadores Jorge Barguero y Natalia Sottie. De las causas que Lobos tiene pendiente, la de enriquecimiento sería la próxima en salir a juicio oral.

La mucama ñoqui

El ex intendente, su esposa Claudia Sgró y su suegra María Elena Fernández, serán juzgados por el caso de la “mucama ñoqui”, Laura Fara. Se trata de una mujer del servicio doméstico de la familia que era empleada municipal desde 2011, pero no lo sabía. Lo descubrió cuando la municipalidad cambió de gobierno, y llamaron a uno de sus hijos para que se presentase a trabajar. Era jardinero de la familia política de Lobos y “empleado municipal” desde 2014. A Fara, en sus últimos días de gobierno, Lobos y Sgró le notificaron que habían logrado cambiarle el “subsidio” por un puesto de planta permanente, y empezó a reportar en Turismo de la municipalidad. Pero sospechó, hizo consultas, se contactó con funcionarios de la Municipalidad y allí descubrieron que era empleada municipal desde el 1 de agosto de 2011. Habían pasado más de cuatro años. Y entonces decidió hacer la denuncia.

María Elena Fernández, la suegra de Lobos, era la encargada de cobrar el sueldo municipal de Laura Fara con una tarjeta de débito que la empleada debió entregar “porque hay varias personas que cobran de este subsidio”, le dijeron. En la causa, hay fotos de la madre de Claudia Sgró retirando dinero con la tarjeta de débito de su empleada doméstica. Esas imágenes fueron compulsadas con el resumen de las extracciones de las sucursales del Banco Nación.

Lobos, su esposa y su suegra, cuando los imputaron por la mucama ñoqui.

Los fiscales que investigaron este caso calculan que en los años en que Fara fue empleada municipal sin saberlo, desde 2011 a 2016, los Lobos-Sgró se “hicieron” de casi 400.000 pesos. Le daban a la mujer el “subsidio” de 500 pesos, cuando en realidad le liquidaban unos 10.000 pesos de sueldo. No hay que restarles sensibilidad social. Aunque le robaban a la empleada doméstica de la familia y a la vez al Estado, a Fara le fueron subiendo los 500 pesos, hasta que en diciembre de 2015, antes de la denuncia, recibió 1.600 pesos.

El mecanismo de “ñoquis” para financiarse de un modo difícil de calcular, porque habría que cazarlos de a uno, fue una de las operatorias descritas en la investigación original publicada por este diario en 2014. “Así se enriquece un intendente” se tituló.

El caso Fara traerá condenas seguras para Lobos, su esposa y su suegra. La causa ya está en instancias previas al juicio oral. El 28 de mayo fue la audiencia preliminar, y se supone que la Sexta Cámara del Crinen tiene un mes de plazo para iniciar el debate oral, período que vence el jueves 28, aunque aún no hay certezas.

Hay otros casos que implican a Lobos, que fue imputado por Daniel Carniello en Diciembre de 2015, por Juan Manuel Bancalari en dos casos más en 2016, y por Muscianisi el año pasado. En diciembre de 2015 le imputaron fraude por sobreprecios en el alquiler de máquinas y camiones. Pero esa imputación podría caerse, según fuentes propias del ministerio público fiscal. “Estaba incompleta… se había imputado a la línea de funcionarios municipales, pero a ninguno de los empresarios que cobró con los sobreprecios… sólo a las personas jurídicas… hubo que desandar y volver a empezar” contó un informante.

Otro de los casos es por el alquiler de una planta de asfalto. Se la conoce como el “Caso Wanka”. Aunque restan unos peritajes, serían ampliadas y cambiadas algunas de las imputaciones. En este caso, además de Luis Lobos y ex funcionarios, está imputado Roque Núñez, el padre del empresario Cristian Núñez, propietarios -ambos- de Wanka SA. Núñez (hijo) es además dueño de emprendimientos inmobiliarios en los que Lobos, Sgró y otros ex funcionarios tienen terrenos en Guaymallén. 

Finalmente, hay una causa más que no involucra a Lobos directamente pero sí a sus ex funcionarios, y a empleados de una estación de servicio, por robo de combustibles.

En el Ministerio Público aspiran a que todas las causas suban a juicio antes de fin de año, pero ello dependerá de las últimas apelaciones, y de la organización propia de la justicia. Además, hay que ver el avance de la causa por evasión y lavado que fuera presentada ante el juzgado federal que conduce Walter Bento. En el juzgado no brindaron información, y se limitaron a decir que “se sigue recolectando información”.

Fraude al Estado, administración fraudulenta, asociación ilícita, ñoquis, robo de sueldos, empleados fraudulentos, lavado de activos, evasión, sobreprecios, enriquecimiento, y un circuito extraño entre integrantes del clan Lobos, miembros de la ex “cooperativa política” de Guaymallén, y desarrolladores inmobiliarios. De eso se trató la gestión Lobos en Guaymallén entre 2013 y 2015. Los casos pasaron ya por cuatro fiscales y una larga serie de demoras. Ahora, aseguran que subirían a juicio antes de fin de año.