Ramón versus Cornejo, esta vez por la concesión de los micros

Será el momento de transparentar los datos sobre el plan oficial para transportar a los mendocinos los próximos diez años. El público en general y los representantes de los usuarios en particular expondrán sus necesidades en la obligatoria Audiencia Pública a partir de las 10 del miércoles 14 en la Nave Universitaria.

De acuerdo a la información difundida por la Secretaría de Servicios Públicos uno de los puntos más distinguidos de este proyecto es ponerle énfasis al trasbordo, con recorridos más directos y con menores tiempos totales de viaje. O sea, hacer más eficientes los recorridos que conforman la red. Esto son los circuitos “troncales”, segmentos directos que unen orígenes y destinos masivos de los pasajeros, de acuerdo lo expuesto por la letra oficial.

Otro aspecto que parece novedoso para el servicio interurbano y que demuestra la ampliación de los centros urbanos dentro del Gran Mendoza. Algunos conglomerados se han tornado radiales para sus habitantes. 

Por eso se incorporarían recorridos “interdepartamentales”, que unen un origen y destino pero que no son cubiertos por los “troncales”.

El caso más concreto se da en los departamentos de Luján y Maipú que registran el 70 por ciento de sus pasajeros son “interdepartamentales”.

Por su parte, los “locales”, que figuran en la propuesta de licitación, son recorridos que acercan al pasajero desde sus lugares de origen hasta ciertos destinos locales o hasta puntos de transferencia con recorridos interdepartamentales o troncales para continuar su viaje a destinos más alejados.

También se busca con este rediseño terminar con el servicio “puerta a puerta”, es decir que, con este cambio “ van a pasar menos recorridos por cada destino”.

En este punto los técnicos gubernamentales frenan para luego a acelerar, advirtiendo que por este cambio -antes mencionado-, no será peor el servicio sino lo que se busca es  “una nueva forma de realizar los viajes en el transporte público, en donde existirán más frecuencias y recorridos más directos a cambio de la realización de trasbordos”.

Ramón huele corrupción

Advertidos de estos aprestos para el miércoles, el diputado nacional José Luis Ramón junto a su socio político y diputado provincial electo Mario Vadillo aparecen en los primeros lugares de los oradores para la audiencia que de entrada la consideran nula como parte de un proceso que ya lo anticipa como sospechado de corrupción.

Ramón señala que tanto en este caso de la licitación del nuevo sistema de transporte y la concesión de la Terminal de Ómnibus el Gobierno ha incumplido con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Concretamente el Alto Tribunal ordenó cumplir con aplicar la ley que creó el ente de control de Transporte Público.

“Veremos qué dicen con la presentación que haremos en la audiencia ante los oradores, y ante la Fiscalía de Estado”, avisó el legislador nacional con tono denunciante.

Sobre el final del año pasado el Gobierno envió un nuevo proyecto de ley para modificar aquella norma que reclaman los representantes de Protectora.

Es la modificación de la ley 7.412 del 2005, que establecía la creación del organismo regulador.

Se trata de un ente de la movilidad provincial (Emop), con autarquía funcional y financiera. En este nuevo proyecto el ente quedaría sin la facultad de organizar y controlar las concesiones. Aduce que tal como está definido en la actual regla nadie podría controlar al ente.

“Se pretende, en principio, terminar con la confusión de objeto y competencias que la actual ley Nº7.412 presenta, confusión que torna ilusoria la función constitucional acordada a los entes reguladores, como entidades especializadas y autárquicas, dedicadas a la reglamentación, control y fiscalización. Es, entonces, el Poder Ejecutivo el titular y eventual concedente de la prestación de estos servicios”, dice en los fundamentos el proyecto.

El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, remarcó esta diferencia: “La planificación y concesión del servicio es facultad del Poder Ejecutivo, y las sanciones son tarea del ente”. En torno a esta presentación, el funcionario indicó que se comunicará a la Justicia el envío del proyecto.

La ley no aplicada pero avalada con un fallo de la Corte faculta al ente de control a que administre, planifique y regule el transporte público. El Gobierno con su proyecto modificatorio quiere que el futuro ente regule controle el sistema de movilidad.

Además el ente que proyecta Mema planea que haga los estudios de los costos de las tarifas que definirá el Ejecutivo.

Un punto que no ha sido analizado lo suficiente es la forma de pago de la concesión a las empresas de transporte. Se piensa en un modo combinado. Es decir por kilómetro recorrido y por cantidad de pasajeros transportados.

Lo concreto que se llega al nuevo proceso de licitación con una discusión política planteada y precisamente en la faz administrativa. Por este escenario será un día en que José Luis Ramón volverá a cobrar protagonismo

Algo que el Gobierno sabe y espera neutralizar con argumentos técnicos del nuevo sistema de transporte proyectado, aunque no se debe descartar alguna aparición del gobernador para cruzarlo al “protector” Ramón.