Caso Leonela: piden imputar a Norma Trigo por homicidio

En las últimas horas, la investigación por la muerte de Leonela Rosales ha dado un giro que promete traer grandes dolores de cabeza a la intendenta de Santa Rosa, Norma Trigo, y a sus principales funcionarios.

Es que las abogadas de la familia de la pequeña que murió electrocutada a fines de noviembre de este año han presentado un explosivo escrito en la justicia en el que han pedido que la mandataria sea imputada por homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El pedido también recae sobre las figuras de Marcos Nuarte, secretario de gobierno del mismo departamento; Juan Ojeda, delegado Municipal del distrito 12 de Octubre; Gabriela Murgo, coordinadora de Servicios Públicos del municipio; Gonzalo Parra, director de Obras Públicas y Privadas; Marcelo Gómez, director de Servicios Públicos; Gastón Ginart, jefe de Servicios Públicos; Luis Ceballos, jefe de Obras Públicas; Ariel Lareu, asesor de la intendencia; Aldana García, secretaria privada de la intendenta; Hugo Arrieta, encargado del Área de Electricidad; y Juan Morelato, jefe del Departamento de Servicio de Electrotécnica.

Ver además: La muerte de otra nena que se podría haber evitado

A la hora de atribuir las responsabilidades, las abogadas desgranan su argumentación sobre la base del concepto de “delegación de la competencia”, basado en la teoría de Agustín Gordillo, especialista en derecho administrativo y autor de varios libros al respecto.

“Las entidades estatales manifiestan su actividad y su voluntad a través de sus órganos; el concepto de órgano sirve, pues, para imputar a la entidad de que el órgano forma parte el hecho, la omisión o la manifestación de voluntad de que se trate”, advierte Gordillo.

Acto seguido, el escrito de marras hace referencia al documento que publicó el Post el pasado 2 de diciembre. Se trata de la Ordenanza 2210/2017, promulgada el 23 de mayo de este año, donde se le solicitó al “departamento ejecutivo de Santa Rosa” —léase Norma Trigo y los principales funcionarios de su gabinete— que “proceda a llevar a cabo” la iluminación y reacondicionamiento de espacios públicos de ese distrito.

Entre los considerandos, el documento habla de la necesidad de incrementar la seguridad en espacios de frecuente tránsito y advierte sobre la iluminación “en las diferentes plazas departamentales”.

En tal contexto, las abogadas refieren que, “ni la Sra. Trigo ni sus delegados hicieron lo que tenían que hacer, y su omisión causó la muerte de una niña de 2 años y medio”.

En ese contexto, la presentación refiere a "la teoría de la imputación objetiva", que "procura confirmar la causalidad jurídica mediante una serie de criterios normativos descriptos de la siguiente fórmula: un resultado solo es objetivamente imputable cuando la acción causante del mismo ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se ha realizado en un resultado típico, que pertenezca al ámbito o fin de protección de la norma infringida".

Finalmente, luego de citar puntual jurisprudencia, las abogadas piden que se impute por falso testimonio a Graciela Sayal Deluca, quien declaró que Leonela murió por una caída y no por electrocución. Fue el testimonio que sirvió de base a la intendenta Trigo para avanzar en su errática conferencia de prensa, en la cual no dudó en afirmar que el deceso de la pequeña fue a causa de un “traumatismo”.

Como sea, la denuncia referida no es lo único que debe preocupar a los funcionarios de Santa Rosa. En las próximas horas se destapará otra compra con sobreprecios en esa comuna. Sus detalles aparecen en el expediente 353-C-2017.

Quienes aparecen complicados allí son los mismos que vienen siendo protagonistas de los últimos escándalos en Santa Rosa. 

Ciertamente, nada nuevo bajo el sol.