Comprar "carpetas" de viviendas es delito

Hay delitos que se hacen costumbre por falta de controles, y la venta de carpetas de viviendas del IPV es uno de ellos.

De esto alertó -y sorprendió- Damián Salamone, titular del Instituto Provincial de la Vivienda cuando aclaró al Post que “no existe la venta de carpetas. Las carpetas no pueden venderse y el que lo haga, puede quedarse sin la plata y sin la casa es el que compra”.

Durante años los clasificados de los diarios impresos tenían en la parte de inmuebles un apartado especial para las Carpetas y allí se veían normalmente las ofertas de proyectos en construcción y próximos a entregar. Ahora se ven en los grupos de compraventa de Facebook.

Averiguar y denunciar

Se llama Carpeta, a una cantidad de cuotas pagas de una casa ya adjudicada ya sea por una constructora o por el IPV. Cuando se trata de alguna constructora no hay delito ni riesgos, pero cuando se trata de una Cooperativa de Viviendas cuyo barrio forma parte de un proyecto del Instituto Provincial, hay que saber que las carpetas no son transferibles.

“La política habitacional y la normativa vigente impide el traspaso de carpetas. Para empezar en el caso de una cooperativa si bien ellos tienen su listado de beneficiarios, cuando se produce una baja, esa vacante debe ser cubierta por una familia donde haya un discapacitado”, aclaró Salamone.

Actualmente hay muchos proyectos a cargo de cooperativas de vivienda que se formaron en forma privada pero que reciben fondos del IPV para la construcción. “Si bien cada cooperativa presenta su listado, es importante aclarar también que el listado no incluye suplentes. Nuevamente, la ley establece que los adjudicatarios de una vivienda se definen en base a prioridades puestas por el IPV en conjunto con cada municipio.

El que compra, pierde

Salomone informó que “este años dimos de baja a muchas personas que las cooperativas pusieron como reemplazo y también hubo casos de compra de carpetas que dimos de baja”.

También indicó que “hay casos en los que los beneficiarios necesitan cambiar de proyecto si son adjudicatarios de una vivienda no entregada, o bien alquilar la que ya se les entregó. Nos ha sucedido que necesitan cambiar de casa porque creció el grupo familiar y les queda muy chica, o porque hubo un cambio de trabajo que los obliga a mudarse muy lejos y también puede pasar por algún problema de salud. Pero en todos los casos se debe pedir la autorización del IPV y luego el instituto define quién será el nuevo beneficiario”.

El mensaje es claro: el IPV no construye casas para cualquiera ni para todos, las hace para ayudar a las personas que más lo necesitan y, por eso, el municipio y el Instituto establecen quiénes son esas personas.

Y cualquiera que pretenda vender esa “ayuda”, está delinquiendo. Y el que compra también.