Sres. Jueces, paren de matar

La indolencia de un sistema oxidado nos pone en peligro. Hace cuatro días, Mendoza se quedó sin jueces para firmar allanamientos. El caso Rodríguez, y una muerte evitable.

Sres. Jueces, paren de matar

Por:Ricardo Montacuto
Director Periodístico

El viernes 6 de enero, Día de Reyes y primera semana de la feria judicial, no había jueces de garantías en la provincia de Mendoza. La única magistrada habilitada, Alejandra Mauricio, se tomó una licencia psiquiátrica acuciada por el estrés. Parece que un abogado penalista la denunció por inacción, ya que la jueza se negaba a resolver pedidos de prisión preventiva acumulados desde diciembre. “Y además, no voy a trabajar de tarde, porque leo...” cuentan que dijo la funcionaria, cuando alguien le mandó a preguntar por qué no resolvía los pedidos fiscales. También argumentó que se trataba de pedidos “ordinarios” que no debían resolverse en feria.

¿Para qué están los jueces, entonces?

Con la única jueza de garantías estresada y fuera de la cancha, alguien en el gobierno salió a buscar a algún juez de la Suprema Corte de Mendoza para resolver el problema de la falta de justicia, nada menos. Pedro Llorente, el presidente, estaba ubicable pero fuera de radio, en su San Rafael natal. Así es que el recién llegado José Valerio volvió de la feria, y firmó una acordada en solitario para que dos jueces de flagrancias que estaban habilitados, ampliasen su competencia a “garantías”, y pudiesen resolver los asuntos urgentes.

El BMW con el que Rodríguez huyó y mató.

Además de las solicitudes de libertad y de prisión, ya se estaban amontonando los pedidos de allanamientos.

Mientras este sainete de verano ocurría y la jueza Mauricio se estresaba, el ex convicto Horacio Rodríguez (26) robaba un BMW, y en su huida desesperada se llevaba puesta la vida de una chica de 20 años llamada Ayelén, igual que Ayelén Arroyo, otra asesinada por la indolencia judicial mendocina. Ayelén Arias esperaba el colectivo cerca del mayorista Tadicor. Su bebé perdió a su madre, muy probablemente pierda un pie, y vaya uno a saber qué otras secuelas arrastrará en su vida, que no va a ser de las mejores. Y ello, siempre que sobreviva al ataque. No hay otra manera de calificarlo.

Rodríguez estaba en libertad porque alguien sacó mal las cuentas, y lo largó a la calle tres años antes. El error fue corroborado, a pedido del gobierno, por jueces de la Corte y expertos administrativos de la Justicia. Por supuesto, los años preso desde 2009 hasta 2016 por varias causas, entre ellas un crimen, no redimieron a Rodríguez. El hombre volvió a robar a mano armada, y ahora, mató. Vaya uno a saber qué más hizo desde que salió libre en agosto del año pasado.

Horacio Martín Rodríguez.

Puede que no haya tenido la intención, pero el resultado de su robo en el barrio Tamarindos II de Las Heras, fue otra chica de 20 años, madre, muerta. El juez que firmó su libertad, Gonzalo Guiñazú, muy probablemente no recuerde el día y el acto administrativo en que le dio tres años de gracia al convicto Horacio Rodríguez. A lo mejor, como explica alguien que conoce la trama íntima del procedimiento judicial, y los secretos del palacio, “se le pasó...”, como al fiscal Fabricio Sidoti se le pasó el expediente de Ayelén Arroyo, o meter preso a su padre abusador, y ahora asesino. Tuvimos con Sidoti -en el aire de “Te Digo Lo Que Pienso”, por La Red Mendoza 94.1- una discusión descarnada. En el fragor de la entrevista, el fiscal no pudo recordar cómo estaba vestida Ayelén el día en que fue a denunciar los abusos de su padre, y a confesar su miedo.

Es que las víctimas son apenas expedientes. Papeles que van y vienen. Son pocos los ojos atentos al error.

En la increíble libertad de Rodríguez fallaron el juez de Cámara Gonzalo Guiñazú y muy probablemente el secretario que le hizo firmar la decisión, el fiscal de Cámara que debió controlar, y el juez de ejecución penal. Justamente fue un juez de ejecución el que dejó sueltos a los que matarían a Matías Quiroga en 2012.

El sistema judicial mendocino está todo mal. La palabra que mejor lo define es laxitud.  Hay que darlo vuelta como un guante y barrer con los indolentes, con los que no leen los casos, con quienes no se comprometen con la investigación, con las víctimas, con la verdad de los hechos, y con el trabajo. ¿Cómo puede ser que fiscales de primera línea se quejen ante los periodistas, porque ayudantes de a 50.000 pesos por mes y por barba, van sólo cuatro horas a la oficina y vaguean para no ir a un procedimiento, o a tomar tal o cuál medida? Hace un año que se discute para que los jueces trabajen también de tarde. Son muy pocos los dispuestos a hacerlo.

Se enoje quien se enoje: La Justicia mendocina está diseñada, armada, mantenida y burocratizada para que grandes grupos de jueces, fiscales, y funcionarios, se rasquen literalmente las pelotas. Pido perdón por la grosería.

La buena noticia es que no todo el sistema está totalmente corrupto. No se trata de la corrupción del robo de Lázaro Báez, del forum shopping, o del “peaje” de fallos y expedientes, que bien saben todos que existió, existe y existirá. Si no de la podredumbre. Del óxido conservador del paso del tiempo, indolente, que promueve la dejadez.

Peor aún, el ultra garantismo y la indolencia resultan en una de las peores combinaciones para una sociedad que demanda justicia, y que los delincuentes paren de cazarnos como moscas.

Es verdad que no todos los jueces y fiscales tienen fiaca, ni piensan más en Miami, Chile, Europa, la Visa Gold y el Barrio Privado, que en dar justicia. Pero entre los casos de Ayelén Arroyo y el fiscal Sidoti, el ex convicto liberado por error que volvió a matar, la jueza y la fiscal “viajeras”, los festivales de certificados por estrés, las denuncias olvidadas del Caso Próvolo años atrás, la falta de colaboración para aplicar las reformas judiciales sancionadas el año pasado, y la desorganización orientada al descanso permanente de una clase privilegiada, esto no da para más. No hay corazón, ni Constitución que aguanten.

A riesgo de pecar de insistentes: el viernes 6 de enero de este año, hace apenas cuatro días, no había en la provincia de Mendoza un juez que firmase un allanamiento.

Estaban todos de feria. O de vacaciones, o de joda. 

Da lo mismo.