El Gobierno denunció a quienes insten a saqueos en las redes sociales

La presentación judicial la hizo la ministra Patricia Bullrich.

El Gobierno denunció a quienes insten a saqueos en las redes sociales

Por: Agencia DyN

 El Ministerio de Seguridad presentó en la Justicia una denuncia "contra aquellas personas que instigan en las redes sociales a realizar, durante el mes de diciembre, saqueos, disturbios y diferentes planes de desestabilización contra el Gobierno Nacional", se informó hoy.

"Esta acción surge a partir del relevamiento efectuado por el personal de la Policía Federal Argentina, la Agencia Federal de Investigaciones y el Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes lograron detectar a distintos grupos que promovían conductas delictivas y la desestabilización del gobierno democrático, en Internet", indicó la cartera a cargo de Patricia Bullrich en un comunicado.

La denuncia fue entregada al juez federal Julián Ercolini y, la única persona identificada hasta el momento es "quien dice llamarse Pablo Daniel Chamorro", según el texto difundido esta tarde por la cartera de Seguridad.

Esta acusación fue efectuada a través de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos que encabeza Guillermo Soares Gache.

"Por intermedio de la línea del 0800 de este Ministerio se recibieron, en los meses de noviembre y diciembre, una importante cantidad de denuncias referidas a posibles saqueos y planes de desestabilización del gobierno actual", indica la denuncia.

Asimismo, la cartera de Seguridad remarcó que "tanto la Policía Federal Argentina como la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) como personal de comunicaciones de este Ministerio han realizado un relevamiento de las redes sociales logrando detectar distintos grupos con idénticas conductas delictivas, esto es promoviendo los saqueos y la desestabilización del gobierno democrático".

"Consideramos que a través de las redes sociales se han conformado diversos grupos tendientes a desestabilizar al gobierno actual y con la finalidad de cometer delitos e incitar y/o instigar su comisión, sin que puede descartarse, teniendo en cuenta las similitudes que presentan las diversas convocatorias y publicaciones, que dichos grupos estén vinculados entre sí o que tengan un único objetivo que estén direccionando de manera conjunta", indica la denuncia.

Según se detalló, "a los fines legales, incitar implica determinar a otro, generar la comisión dolosa del delito en el autor o autores. Se incita a la violencia colectiva, entendida ésta como violencia en general, es decir fuerza física que puede ser configurativa de algún delito o no".

"El tipo penal no establece ninguna limitación sobre los medios que pueden utilizarse para su comisión. Por lo tanto, pueden ser escritos, verbales, por la prensa o Internet (redes sociales en general). La única limitación que se establece es que debe ser pública y dirigida a un grupo indeterminado de personas, aunque no se haya logrado ese conocimiento en concreto", agrega.

En los hechos mencionados, el texto asegura que "la instigación es clara, determinada y revela la intención de cometer un delito, independientemente de todo resultado. Es decir, tiene trascendencia a terceros indeterminados con la mera incitación pública".

"Es importante tener en cuenta que se habla nada más ni nada menos que de acciones que atentan contra la tranquilidad pública, o 'paz pública' como prefiere denominar gran parte de la doctrina. Es decir que, los hechos aquí denunciados podrían conllevar a una alarma colectiva que afecta, inevitablemente, el orden público", se advirtió.

En otro orden, la denuncia también asegura que "se podría endilgar a los autores que resulten de la investigación el delito de asociación ilícita".

"La existencia de una asociación cuyo objetivo sea la comisión de delitos afecta, por sí misma, a la tranquilidad pública, no sólo porque el hecho del conocimiento de su existencia produce inquietud social, sino también por el peligro que implica para la preservación del orden social establecido y legalmente protegido", se argumentó.