Niegan usar jaulones a la intemperie para alojar a los presos de Almafuerte

En las últimas horas, el titular del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, negó que en el Penal de Almafuerte se usen jaulones al aire libre para alojar detenidos luego de que la justicia de la provincia hiciera lugar a un hábeas corpus presentado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) que denunció deficientes condiciones de detención.

Entre las medidas dispuestas por la titular del Segundo Juzgado de Ejecución Penal de Mendoza, Mariana Gardey Merino, que hizo lugar al hábeas corpus, se encuentra la prohibición de utilizar como hábitat de alojamiento los “jaulones” ubicados en la entrada del Módulo V, una de las graves irregularidades que la procuraduría especializada había registrado durante una inspección el 10 de junio pasado.

Sobre esta denuncia, Orellana en dialogo con Agencia Télam, expresó : “Negamos enfáticamente que esos jaulones de los que están apareciendo fotos ( en los medios de comunicación) , sean un lugar de alojamiento de personas” y aclaró que sí se usan como “espacio de recreación, en el caso de que la persona desee ir a ese lugar ante el temor de algún conflicto con otro interno”.

“La cárcel de Almafuerte está en la alta montaña de Mendoza, donde la temperatura ha sido de dos grados bajo cero, no podríamos bajo ningún concepto tener personas alojadas ahí y porque principalmente nosotros no tenemos esa política”, añadió el titular del servicio penitenciario de Mendoza.

Desde Procuvin habían denunciado que “se detectó la presencia de tres detenidos alojados a la intemperie, en medio del frío, en una celda confeccionada sin paredes, “cuyas estructuras y materiales coinciden exactamente con las de una gran jaula”, detallaron.

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“Son espacios de recreación cerrados, los mismos datan de un año y medio de existencia y la jueza de ejecución que dio lugar al habeas corpus esta notificada de estos jaulones y nunca los había objetado”, agregó el funcionario penitenciario.

Consultado sobre cómo funcionan ese espacio, Orellana explicó que la cárcel de Almafuerte tiene doce años de uso, con espacios importantes de recreación, y los detenidos tienen la posibilidad de compartir espacio abierto en un patio calefaccionado u otros patios cerrados con estructuras con vidrio para mantener el calor, y cuando no quieren compartir ninguno de los otros patios y prefieren estar solos durante sus horas de recreación al aire libre, pueden utilizar estos jaulones por un tiempo prudencial.

La jueza ordenó que con carácter “urgente” se lleven a cabo una serie de reparaciones en el complejo, donde constató que las deficientes condiciones de detención tornan “cruel, inhumano y degradante” el cumplimiento de la pena por parte de las personas privadas de la libertad.

En su presentación, el fiscal general Miguel Palazzani, a cargo de la Procuvin, identificó y describió las graves deficiencias registradas, las cuales abarcan todos los aspectos del régimen de encierro, desde infraestructura, sanitarias, de alimentación, de acceso a la salud, a la justicia, a actividades educativas y de esparcimiento, entre otras.

“Hemos apelado el hábeas corpus hoy en los puntos en los que creemos que tenemos que ser escuchados y en otros asumimos la responsabilidad y nos hemos puesto a trabajar inmediatamente para que las condiciones sean dignas”, afirmó el titular del servicio penitenciario de Mendoza .

El mes pasado la Legislatura aprobó el endeudamiento por 90 millones de dólares al gobierno provincial para la construcción de una nueva cárcel en Mendoza, pero luego el gobernador Alfredo Cornejo dijo que ese dinero se utilizará para la construcción de un penal y la refacción de los penales ya existentes, todos con problemas de hacinamiento y edilicios.

La medida judicial a la que dio lugar la jueza mendocina se suma a dos hábeas corpus presentados con anterioridad. Uno de ellos llevado adelante por la organización de Derechos Humanos Xumek, sobre la necesidad de resolución de las prisiones preventivas y otro, sobre el hacinamiento en las cárceles interpuesto por el abogado Carlos Varela Álvarez.