La semana más cara de la historia

Los proyectos nunca encajan perfectamente con la realidad y eso lleva a los gobiernos a corregir permanentemente las metas incumplidas. Del 25 por ciento anual de inflación ya nadie habla y en las filas macristas se lamentan por haber creado tantas expectativas por un segundo semestre que, en todo caso, sólo mostrará algunas señales de mejora respecto de la primera mitad del año.

En el listado de ajustes al GPS del Gobierno, también el déficit fiscal figura entre las incógnitas. Y entre los factores que pueden herir de gravedad las metas expresadas por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, aquel lejanísimo 14 de enero, habrá que prestar mucha atención a una serie de decisiones de carácter económico influidas por las necesidades políticas de un oficialismo sin mayoría en las cámaras legislativas y con apenas el 20 por ciento de los gobernadores.

Entre el lunes 30 de mayo y el viernes 3 de junio se concretaron una serie de decisiones que terminaron definiendo una semana que puede catalogarse como la más cara de la historia. El tiempo dirá si el precio pagado se recuperó con creces o si, por el contrario, la factura fue tan onerosa como para sellar la suerte de Cambiemos.

Se presentó un proyecto ómnibus que incluye por lo menos ocho leyes en una: el pago de la deuda a los jubilados, la actualización de las jubilaciones presentes y futuras, la creación de la pensión universal para el adulto mayor, el blanqueo de capitales, la moratoria impositiva, previsional y aduanera, la devolución escalonada de la coparticipación a las provincias, la modificación del impuesto a las Ganancias y la supresión paulatina de los impuestos a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. Todo esto dentro de un mismo paquete que tiene los siguientes costos: * Por el pago de las deudas a jubilados que demandaron al Estado, alrededor de 50.000 millones de pesos. Aunque debe tenerse en cuenta que la suma puede subir en este mismo momento, si es que a un juez se le ocurre emitir sentencia a favor de alguno de los 250.000 jubilados que aún no la tienen. Y si se les ocurre a todos, el paquete de los reintegros se puede duplicar y pasar de 50.000 millones a 100.000 millones de pesos.

* Por la actualización de las jubilaciones actuales, unos 75.000 millones de pesos, dentro de los que hay que incluir los 1.946 millones por la modificación del coeficiente. A diferencia del caso anterior, que son deudas que se pagan una sola vez, este es un gasto corriente que se repite año tras año.

* Por el acuerdo con las provincias para la devolución del 3 por ciento de la masa coparticipable, el Estado nacional perdería 13.104 millones de pesos. Pero si todas las provincias acceden a los préstamos habilitados de la ANSES por 6 de los 12 puntos restantes, correspondería sumarles 25.762 millones. Es decir, un total de 38.866 millones de pesos.

* La eliminación de los impuestos sobre los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta, si bien será gradual a lo largo de tres años, representará que el Estado dejará de recaudar anualmente 23.500 millones y 3.000 millones de pesos, respectivamente.

Pero en la semana pasada pasaron otras cosas. Por ejemplo, otro acuerdo con gobernadores, consistente en una "marcha atrás" de los aumentos tarifarios en luz y gas. El costo de este acuerdo sería de unos 2.250 millones de pesos.

También hubo dictamen de comisión en el Senado para la devolución de 15 de los 21 puntos del IVA a sectores socialmente vulnerables, finalmente sancionado el miércoles 8. Según Hacienda, el costo de esta iniciativa podría llegar a 30.000 millones de pesos anuales.

Sumar todos estos recursos podría ser un tanto engañoso, porque no todos los gastos ni todas los montos que se dejarán de recaudar serán de efecto inmediato. Pero en el corto o en el mediano plazo, serán las decisiones de esta semana clave las que perdurarán. Y que en algún momento representarán por lo menos 220.000 millones de pesos.

Y lo peor de todo, es que es el resultado de decisiones políticas inconexas. Puede resultar paradójico en un gobierno que cada dos por tres asegura que trabaja "en equipo", pero en ningún caso como en la política argentina cabe tan bien aquel refrán que dice "dime de qué te ufanas y te diré de qué adoleces".

Los partidos de izquierda hace más de un siglo que la pasan dividiéndose en nombre de la "unidad". Los peronistas hace setenta años que nacen con un serrucho bajo el brazo enarbolando la bandera de la "lealtad". Y ahora le llegó el turno al macrismo, con arranques individuales de funcionarios en nombre del "equipo".

Se supone que la responsabilidad de la política impositiva está en manos del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Al menos, de él depende la AFIP, la secretaría de Hacienda y las subsecretarías de Presupuesto y de Ingresos Públicos. Pero no fue él quien anunció la devolución del IVA, sino Carolina Stanley.

La negociación con los gobernadores por la coparticipación federal de... impuestos estuvo íntegramente dirigida por Rogelio Frigerio sin la menor intervención de algún funcionario de Hacienda. El anuncio de los cambios en la liquidación de IVA y Ganancias a las pymes corrió por cuenta de Francisco Cabrera.

Y la semana más cara de la historia dejó el peor de los ejemplos. Prat-Gay, el jefe del ministerio de donde sale la plata para pagar los subsidios y en el que se está diseñando el proyecto de ley de Presupuesto 2017, fue un espectador más de la disputa en la que Frigerio y Juan José Aranguren intentaron resolver el problema tarifario.

Desde los tiempos en que Roque Fernández contemplaba cómo Susana Decibe creaba un impuesto a los automóviles que no se observaba una situación similar.

Pero a diferencia de otros aspectos, el presidente Mauricio Macri no puede alegar ninguna herencia por un organigrama nacido en su administración. Con la gestión de la Economía dispersa en varios ministerios, el equipo corre el riesgo de transformarse en una suma de individualidades. Y como en el fútbol, el problema es el director técnico.

(*) Especial para Mendoza Post