El pasado desconocido (e incómodo) de los ministros de Macri

Esta semana, Mauricio Macri develó gran parte del gabinete que lo acompañará a partir del próximo 10 de diciembre: un combinado en su mayoría integrado por funcionarios porteños, además de dirigentes radicales y referentes del sector empresario.

A cargo del anuncio estuvo el futuro jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien enumeró parte del próximo elenco ministerial con algunas sorpresas de último momento. Una de ellas, la continuidad de Lino Barañao al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología o la designación de Patricia Bullrich al frente de la cartera de Seguridad. 

Fuera de ello, los nuevos funcionarios designados por el presidente electo ocultan ciertas curiosidades que el Post te cuenta en esta nota, con datos objetivos, sin segundas intenciones ni mucho menos. Solo lo que predican los preceptos del periodismo. 

-Lino Barañao, designado ministro de Ciencia y Tecnología —y ¿ex? kirchnerista—, está jaqueado por una denuncia por desvío de 650 millones de pesos. En 2009, un investigador del Conicet denunció la manipulación de subsidios entre la Agencia de Promoción Científica, que presidía el hoy ministro, y ese centro científico.

Entre ambas cúpulas se habrían distribuido “a dedo” cerca de 650 millones en 10 años.

-Miguel de Godoy: designado titular de la AFSCA y exfuncionario de Aníbal Ibarra —célebre por apretar a medios “no afines”—, fue denunciado en la justicia por presunto peculado, falsificación de documento privado y lavado de activos. Oportunamente fue señalado por los manejos poco claros a través de su consultora MDG Comunicación.

-Jorge Lemus: designado ministro de Salud, debió renunciar del mismo cargo en la Ciudad luego de una polémica que lo dejó mal parado. Ello, luego de haber establecido un polémico protocolo hospitalario de aborto no punible que desató duras críticas de diversos sectores.

-Hernán Lombardi: a cargo de los medios públicos, enfrenta una denuncia iniciada por el fiscal y titular de la PROCELAC, Carlos Gonella, que hoy tramita ante el juzgado de Ariel Lijo. Allí se consigna que existiría un circuito —la UIF lo da por probado— de subsidios que llegaría al millón de pesos entre el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires —a cargo de Lombardi— y una fundación llamada CEPPA.

-Laura Alonso: a cargo de la Oficina Anticorrupción, carece de título de abogada para asumir, tal cual exige el artículo 7 inciso "c", del decreto con el que se creó esa dependencia.

Allí se señala que uno de los requisitos para ocupar el cargo es "tener no menos de SEIS (6) años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial". Junto a Patricia Bullrich, presentó una denuncia por supuesto espionaje ilegal que terminó siendo falsa. Lo hizo a pocos días de las elecciones del 25 de octubre.

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-Patricia Bullrich: designada ministra de Seguridad, fue denunciada por Elisa Carrió en 2001 por “traición a la patria” y “asociación ilícita” por la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 1390, por el cual “a cambio de mejores tasas de interés el Gobierno Nacional garantizaría el pago de los bonos de la deuda con la recaudación, incluso antes de asegurar la liquidación de jubilaciones y salarios de la administración pública”. También impulsó y refrendó la baja del 13% a jubilados y trabajadores estatales.

-Esteban Bullrich: designado ministro de Educación, en 2012 fue denunciado ante la justicia por mal desempeño de las funciones, debido a la implementación de un número telefónico gratuito (0800) para denunciar actividades políticas dentro de las escuelas, que fue declarado inconstitucional por la misma justicia.

También se lo investiga por el presunto pago de sobreprecios en el marco del Plan Sarmiento, pergeñado con el fin de dar computadoras portátiles a 160 mil alumnos y 16 mil docentes.

Ver además: Este es el perfil de los ministros de Macri

El gobierno porteño pagó unos 274 millones de dólares, lo que significaría unos 185 millones de dólares de sobreprecio, según afirmó Ariel Garbarz, experto en informática y perito judicial: los sobreprecios serían del 285 por ciento.

Isela Constantini: elegida para comandar Aerolíneas Argentinas, supo ser CEO de General Motors. Fue cuestionada en el último coloquio de IDEA por insistir en consensuar con la mesa chica de empresarios organizadores que “querían un Coloquio que no mirara la coyuntura sino políticas de mediano y largo plazo”, para evitar confrontar directo con el gobierno nacional.

-Guillermo Dietrich: designado ministro de Transporte, fue denunciado por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Ello, al haber contratado, desde la cartera a su cargo en la Ciudad, a una consultora que tiene como socio a Francisco Ortega, que integra el Consejo de Administración del grupo macrista G25, del que forma parte el propio Dietrich.

La consultora de Ortega, McKinsey, recibió por contratación directa un contrato para mejorar los semáforos por 9.9 millones de pesos. La denuncia tramita ante el juez de instrucción Omar Peralta.

-Andrés Ibarra: a cargo del nuevo ministerio de Gestión y Modernización, supo figurar en las páginas de todos los diarios cuando era “número dos” en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por los repetidos problemas de infraestructura en las escuelas.

Sin embargo, su nombre quedó asociado al escándalo cuando fue acusado de contratar al tristemente célebre espía Ciro James, punto inicial de la causa por las presuntas escuchas ilegales a familiares y opositores, en la que Mauricio Macri aún está procesado.

-Francisco Cabrera: a cargo del Ministerio de Producción, enfrenta una denuncia que fue presentada por los legisladores Pablo Bergel y Gustavo Vera y el ex diputado Facundo Di Filippo, y apunta a cuarenta concesionarios de la Capital Federal, entre los que se encuentra el predio Costa Salguero, el Buenos Aires Design de Recoleta e incluso la concesión del acarreo de autos, a cargo de las empresas Dakota y BRD.

Los denunciantes pidieron que se investigue el “posible delito de defraudación por administración fraudulenta” por parte del ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad que conduce Francisco Cabrera.

-Fernando De Andréis: designado secretario General de la Presidencia, fue denunciado por el exjefe de gobierno Aníbal Ibarra de haber votado “por otros compañeros de bancada en varias oportunidades” cuando era legislador porteño.

-Alfonso Prat Gay: designado a cargo de Hacienda y Finanzas, se desempeñó como directivo de la banca JP Morgan en las oficinas de Londres, Nueva York y Buenos Aires, y a los 33 años llegó a dirigir la estrategia de tipo de cambio de la filial Londres de esa entidad.

Ese banco lideró el megacanje en el 2000 y fue duramente criticado por haber facilitado operaciones millonarias de evasión impositiva y fuga de capitales.

-Carolina Stanley: designada a cargo de Desarrollo Social —idéntico cargo que el que ostenta en la Ciudad de Buenos Aires—, fue una de las denunciadas por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en el marco de los polémicos contratos del GCBA con el periodista deportivo Fernando Niembro.

-Carlos Melconián: designado al frente del Banco Nación, cumplió un rol clave en la estatización de la deuda privada que permitió a muchas empresas licuar activos en más de 6000 mil millones de dólares.

Es que, en 1986 el economista ocupaba el cargo de Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central. Allí, firmó y envió al directorio de la entidad el informe 480/161, donde se pedía anular la investigación de la deuda privada contraída en el exterior a principios de los ochenta.

Sin embargo, esa deuda contaba con observaciones por "créditos fraudulentos y de dudosa legalidad", realizadas por un equipo de 20 auditores creado en 1984 con el fin de "investigar maniobras dolosas al Estado por parte de privados, valuadas en, por lo menos, más de 6000 millones de dólares".

-Germán Garavano: designado en la cartera de Justicia, fue denunciado en 2011 por la Defensoría General porteña a cargo Mario Kestelboim por “privación de Justicia” en puntuales desalojos. Entonces Garavano era fiscal.

Allí se señala que el 71,7 por ciento de los casos las personas que fueron desalojadas por este último, no tuvieron acceso a la defensa que prevé la Constitución Nacional.

-Claudio Avruj: designado a cargo de Derechos Humanos, fue director ejecutivo de DAIA entre los años 1997 y 2007 y fue denunciado por el presunto “vaciamiento” del Parque de la Memoria por parte de sus trabajadores.

-Federico Sturzenegger: al frente del Banco Central, supo ser secretario de Política Económica del equipo de Domingo Cavallo y fue procesado en una causa que investiga el megacanje de 2001, por el cual se pagaron abultadas comisiones a siete bancos.

-Oscar Aguad: al frente de Comunicaciones, fue denunciado por una abogada que desempeña tareas en el juzgado de instrucción Nº5 de Corrientes de haber pagado dinero a una jueza para lograr su sobreseimiento en una causa que lo tenía complicado por 60 millones de dólares.

Esa suma fue producto de un irregular empréstito, concedido a la comuna correntina desde el Banco Nación para cancelar puntuales pasivos. Los dólares se cambiaron inmediatamente por los tristemente célebres bonos CECACOR, y gran parte del efectivo que quedaría tras el canje, se esfumaría. Aguad, después de un sinuoso derrotero que sufrió el expediente donde se lo acusaba de fraude a la administración pública, fue sobreseído por caducidad de la instancia penal por un dictamen de la jueza Laura Varela.

-Ricardo Buryaile: designado en Agricultura, es uno de los radicales que, en el marco del frente Cambiemos, accedieron a un cargo en el gabinete de Macri. Hace unos años, campesinos formoseños lo acusaron de explotar a peones paraguayos y “ganar con los militares”.

Colofón

Como puede verse, faltan varios nombres a esta lista. Esencialmente, se debe a un simple motivo: no todos los elegidos por Macri tienen antecedentes para cuestionar.

Tal vez sí, pero este escriba los desconoce. Al menos por ahora. 

Si algo surgiera acaso, será una buena excusa para forzar una segunda parte de esta misma columna.

Como dice una frase del saber popular, "el sentido común... es el sentido de la oportunidad".