Amnistía denuncia la "violencia y exclusión" que viven pueblos indígenas argentinos

La organización Amnistía Internacional Argentina presentó un informe sobre los conflictos que sufren las comunidades indígenas en el país en reclamo por sus tierras, en el que advierte sobre el estado de "violencia y exclusión" en el que viven.

A través de un relevamiento, Amnistía detectó 183 conflictos que afectan a los pueblos originarios en la Argentina, en los que denuncian el incumplimiento de sus derechos por parte de los gobiernos (municipales, provinciales y nacionales), empresas privadas, fiscales y jueces.

La organización lanzó un mapa a través del sitio www.territorioindigena.com.ar, en el que se pueden consultar las distintas situaciones conflictivas que viven las comunidades indígenas en el territorio nacional.

"El Estado reconoce en la actualidad la existencia de al menos 955 mil personas pertenecientes a más de treinta pueblos originarios. Y el mismo Estado admite que se trata de un "subregistro" y que son muchos más. Aún así, un discurso recurrente se refiere a los pueblos originarios como un hecho del pasado y no como una cultura que está viva y presente en la actualidad", explicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, a través de un comunicado.

Entre todos los casos, Amnistía destacó seis hechos que demuestran "la significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación".

El de mayor trascendencia pública por estos días es el largo conflicto que mantiene la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh, hoy conocida como "La Primavera", en la zona de Laguna Blanca, en Formosa, que sigue reclamando por la devolución y titulación del territorio.

Su líder, Félix Díaz, enfrenta varios procesos penales, y desde hace tiempo encabeza un acampe en el cruce de avenida 9 de julio y avenida De Mayo, en la ciudad de Buenos Aires.

Otro de los conflictos es el que vive la comunidad Quilmes (CIQ) en Tucumán, que reclama los derechos sobre un extenso territorio que un empresario local intenta quedarse para la explotación turística, y por el cual se han producido en los últimos años varios desalojos.

Como hecho paradigmática figura además el asesinato del miembro de la comunidad diaguita Pedro Chocobar en 2009, cuando se encontraba defendiendo un territorio junto a otros comuneros en el departamento de Trancas, también en Tucumán.

En el informe de Amnistía se resalta también el conflicto entre la comunidad pilagá El Descanso y el gobierno de Formosa, por una ruta construida que desde finales de los '90 inunda el territorio, y el que vive los integrantes de Lof Campo Maripe en la zona donde fue descubierto el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén.

El último caso resaltado en el informe es el de Relmu Ñamku, dirigente indígena de la comunidad Winkul Newen del pueblo mapuche, que se encuentra procesada por tentativa de homicidio tras intentar resistir un desalojo en la zona de Paraje Portezuelo Chico, en Neuquén.